VOLVER A INICIO

647 63 24 14





LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

REFINANCIACIÓN LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. EXONERACIÓN DE DEUDA

El miércoles 29 de julio de 2015 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado la aprobación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, la cual entrará en vigor tal y como establece la ley al día siguiente de su publicación.
Se produce una modificación de varios artículos de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Ley Concursal así como del RD 6/2012, de 9 de marzo, relativo a medidas urentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. También es objeto de modificaciones la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

¿QUÉ ES LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD Y QUÉ QUIEN PUEDE VERSE AFECTADO?

Esta ley de segunda oportunidad, se basa en lo que llamamos “mecanismo de segunda oportunidad”, esto posibilita que una persona física o autónomo pueda llegar a conseguir la exoneración de la deuda.
En el escrito legislativo se abarcan en primer lugar una serie de MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA DE LAS FAMILIAS Y EMPRESAS, contenidas en su totalidad en el Título I de la Ley, siendo éstas por ejemplo la flexibilización de los acuerdos extrajudiciales de pagos o prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad con la finalidad todo ello de flexibilizar su contenido y efectos asimilando su regulación a los acuerdos de refinanciación contenidos en la Ley Concursal.
El ámbito de aplicación de estas medidas como ya hemos avanzado se ve extendido a personas naturales no empresarios, los cuales además contarán con un procedimiento simplificado. Por otro lado se potencia la figura del mediador concursal junto con la novedad de que su ámbito de actuación se ve también ampliado, pudiendo actuar en Cámaras de Comercio, Navegación y Servicios –en los supuestos en que el deudor sea empresario- o ante los Notarios, para el caso de que el deudor sea persona natural no empresario.

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad:

La novedad fundamental radica en la instauración de un régimen de exoneración de deudas para los deudores que sean personas naturales, siempre y cuando el deudor sea de buena fe (que no haya sido declarado culpable del concurso y que haya celebrado o al menos intentado llegar a un acuerdo extrajudicial) y que previamente se liquide su patrimonio o se declare que el concurso ha concluido por insuficiencia de la masa. En los supuestos en que se den ambas circunstancias, el deudor podrá ver como sus deudas se ven exoneradas en el momento en que haya satisfecho en su totalidad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y al menos el 25% de los créditos concursales ordinarios, en el caso de que no haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.
Otra opción que se le da a este deudor de buena fe para el supuesto de que no haya podido satisfacer los créditos anteriormente mencionados es que acepte constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un periodo de cinco años, quedando así reconocido el beneficio obtenido de la exoneración del pasivo insatisfecho; en este caso el deudor quedará exonerado de manera provisional de todos sus créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, exceptuando los públicos y por alimentos. Si el deudor en ese periodo satisface las deudas no exoneradas o realiza un esfuerzo sustancial para ello, se producirá la liberación definitiva de las deudas.
Respecto al RDL 6/2012 ya mencionado anteriormente se ha visto mejorado lo relativo al código de las buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria; el límite anual de la renta de las unidades familiares que se consideran en el umbral de exclusión se incrementa, siendo éste nuevo límite de 3 veces el IPREM anual de 14 mensualidades (dicho umbral será de 4 veces el IRPEM en supuestos de familiar con discapacidad superior al 33% o dependiente) o bien que en los cuatro años anteriores la unidad familiar haya sufrido alteraciones significativas en sus circunstancias económicas. Como novedad, en cualquier caso se entenderá como supuesto de especial vulnerabilidad al deudor que sea mayor de 60 años.
Del mismo modo se beneficiaran de esta restructuración de deudas aquellas familias cuya cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos.
Se verán inaplicadas del mismo modo las cláusulas suelo de aquellos deudores que se encuentren dentro de este umbral de exclusión y cuyas escrituras contengan la citada cláusula. Por último, en relación con las modificaciones de este RDL encontramos la ampliación del plazo adicional de dos años para la suspensión de los lanzamientos de viviendas habituales de aquellos colectivos especialmente vulnerables, recogidos estos supuestos y sujetos en la Ley 1/2013 14 de mayo relativa a las medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Nuevas medidas de Orden Social

En otro orden de cosas, encontramos en el Título II de la Ley objeto de nuestro estudio el apartado dedicado a las MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL; por un lado encontramos las medidas de ámbito tributario y relativas a las Administraciones Públicas, también las relativas a fomentar el empleo indefinido y autónomo así como la política social agraria y pro último las medidas en el ámbito de la Administración de la Justicia.
En lo referente al Impuesto de Sociedades se exime de la obligación de presentar dicho impuesto a las entidades cuyos ingresos totales en el periodo impositivo no supere los 50.000 euros/año, con ciertos requisitos (los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 euros al año, no se trate de partidos políticos…)
En lo referente a las Administraciones Públicas se realizan breves mejoras en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Respecto de las medidas relativas al empleo, se establece como incentivo novedoso la fijación de un mínimo exento de cotización empresarial por contingencias comunes a las Seguridad Social para todas las empresas que realicen contratos indefinidos a sus trabajadores (los primeros 500 euros si se trata de un contrato a tiempo completo). Este incentivo será de aplicación durante un periodo máximo de 24 meses.
Los trabajadores autónomos también han sido objeto de las mejoras practicadas por esta Ley 25/2015; se establece una bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar, manifestándose dicha bonificación en la cuota del trabajador autónomo que tiene que abonar a la Seguridad Social. Solo tendrán derecho a la bonificación los trabajadores autónomos que carezcan de trabajadores asalariados en la fecha de inicio de la aplicación de la bonificación y durante los doce meses anteriores a la misma y siempre y cuando se contrate a un trabajador por cuenta ajena como prueba de esa intención de conciliar la actividad profesional y familiar.

Respecto a las medidas tributarias se desarrollan una serie de puntos encaminados a rebajar la carga fiscal de los colectivos especialmente vulnerables. La Ley 35/2006 de IRPF se modifica para que su ámbito de aplicación ampare a más sujetos, extendiendo el incentivo fiscal a los que forman una familia monoparental con dos descendientes que convivan y dependan de él. Se declaran exentas las rentas consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas siempre y cuando se hayan aprobado conforme a lo establecido en la LC, en un acuerdo de refinanciación homologado por un Juez o un acuerdo extrajudicial de pagos.

Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia
Por último, en relación con las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se recoge la exención al pago de tasas para la interposición de escritos judiciales a las personas físicas así como a las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
Debemos destacar la Disposición Final Primera, que regula la modificación del Texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones en relación a la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual (Durante el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, excepcionalmente, los partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe).
Del mismo modo por último, realizar una breve mención a la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, la cual se ve también modificada. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) autorizadas en España, de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo, podrán, ya sea directamente o mediante el establecimiento de una sucursal, gestionar instituciones de inversión colectivas establecidas en otro Estado miembro siempre que la SGIIC esté autorizada a gestionar ese tipo de IIC. Si la sociedad gestora en cuestión desea gestionar IIC que estén establecidas en otro Estado miembro, deberá en primer lugar comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores junto con la información adicional recogida en la disposición mencionada.

¿QUÉ HACER PARA ACOGERSE A LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD O LAS NUEVAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL?

Para acogerse a la ley de segunda oportunidad o las nuevas medidas de orden social, puede ponerse en contacto conmigo y le asesoraré bajo mi dilatada experiencia en este tipo de casos.